La reciente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, desnudó una fractura alarmante entre la dirigencia política y la tragedia que desangra a Santa Fe. Mientras la provincia combate a bandas que usan menores como «mano de obra barata» para el sicariato, seis diputados santafesinos eligieron el rechazo, sosteniendo un sistema que hoy actúa como escudo de impunidad para las mafias.
La negativa de Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp es vista como un mensaje de desprotección hacia las víctimas. El argumento de un «progresismo» malentendido ignora que el sistema actual no resocializa, sino que abandona al menor en un limbo legal hasta que su carrera criminal es irreversible.
Bajo la lupa: Trayectorias y sombras judiciales
El rechazo de estos legisladores invita a cuestionar si su resistencia a leyes de orden responde a una incomodidad con el accionar judicial. Aunque no todos poseen condenas firmes, sus perfiles presentan puntos grises:
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Agustín Rossi: Con una vasta «mochila» judicial, ha enfrentado investigaciones por irregularidades en Defensa (caso ARA San Juan y el misil perdido). Su voto se interpreta como una defensa del status quo.
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Florencia Carignano: Su gestión en Migraciones fue salpicada por la falta de transparencia en casos como el avión iraní y el ingreso de embarazadas rusas. Hoy se opone a endurecer controles penales que ayer omitió como funcionaria.
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Diego Giuliano: Cuestionado por la opacidad en el manejo de subsidios de transporte, su postura parece una alineación estratégica con el bloque nacional antes que con la urgencia local.
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Germán Martínez: Como jefe de bloque, se le recrimina ser el garante de una unidad que blinda a figuras procesadas, restándole autoridad moral para debatir justicia.
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Caren Tepp y Alejandrina Borgatta: Aunque sin causas penales, se les critica una «transparencia selectiva» y una subordinación vertical al PJ de Buenos Aires, priorizando el dogma ideológico sobre las herramientas que el Ministerio de Seguridad santafesino exige para frenar la violencia.
Mientras 13 diputados escucharon el reclamo de una sociedad aterrada, estos seis se atrincheraron en un romanticismo legal que no detiene balas. La pregunta es inevitable: ¿A quién protegen realmente al mantener la impunidad de un joven armado de 15 años?
